martes, 3 de diciembre de 2013

Jubilación forzosa: más allá del dinero


Si tuviéramos que enumerar las áreas de mejora del sistema sanitario público, los recursos humanos y su normativa sería una de las más repetidas. Más allá del eterno dilema laboral-estatutario, todo lo relacionado con la selección de profesionales, las retribuciones o incluso los sindicatos ha generado desde hace décadas muchas situaciones problemáticas, judicializando la relación contractual entre la administración pública y el trabajador.

Y precisamente dentro de este amplio tema, uno de los aspectos más debatido es el de la jubilación de los profesionales, concretamente de los médicos. El Estatuto Marco (Ley 55/2003) lo dejó muy claro: jubilación forzosa a los 65 años pero se permite la prolongación en el servicio activo hasta los 70 años si se cumplen algunos requisitos (solicitud del interesado, existencia de un plan de ordenación de recursos humanos, tener la capacidad funcional para ejercer la profesión y autorización por parte de la administración). 

Muchos servicios de salud en estos últimos años han decidido utilizar la Ley para jubilar masivamente a los profesionales con 65 años, sin atender apenas las necesidades reales de cada especialidad y sin tener en cuenta las circunstancias personales de cada profesional (dedicación, formación, valía, etc). Además, dicha jubilación no ha ido sucedida de un nuevo contrato estable para un profesional más joven, por lo que la sensación generalizada ha sido la de una progresiva destrucción de empleo público. Y todo, más que para mejorar el sistema, sólo por ahorrar unos pocos euros...

Para discutir abiertamente sobre la jubilación y dar cabida a todas las ideas al respecto, Diario Médico celebró un debate con grandes profesionales (José María Antequera, profesor de la Escuela Nacional de Salud; Fernando Rivas, vocal de Médicos con Empleo Precario de la Organización Médica Colegial; Armando Resino, director de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de Madrid; Jesús Picazo, médico jubilado de Valencia, y Miguel Ángel García, responsable de formación de Amyts) que moderó Álvaro Sánchez León.

Uno de los grandes problemas es económico. Un médico cuando se jubila cobra mucho menos que cuando está en activo, salvo que tenga algún plan de jubilación. Algunas voces piden aplicar al médico el conocido "complemento de pensión" pero plantearía una situación de desigualdad y generaría muchos más problemas añadidos. La cuestión clave es diferenciar al profesional que solicita la permanencia por motivos profesionales del que la pide por motivos exclusivamente económicos.

Una pregunta clave es, tal y como señala el debate, ¿qué se puede hacer con el médico de 65 años que se jubila? ¿y todo ese conocimiento acumulado y la experiencia adquirida? En muchas comunidades han planteado experiencias del tipo médico consultor o médico emérito pero sin mucho éxito y con unas funciones poco definidas.

Finalmente acabamos con las dos cuestiones más espinosas. ¿Es necesario renovar la plantilla en todas las especialidades? Es decir, si se jubila un profesional de la especialidad A, ¿mantenemos la especialidad o se adapta a la realidad asistencial de cada centro/territorio? El paso del tiempo ha provocado muchos cambios en las necesidades de cada especialidad, y renovar la plantilla de forma idéntica a su origen, implica no adaptar la situación. Sin embargo, hay mucha presión de las sociedades científicas para que no se reduzca su presencia en cada centro. Quizás este dilema sea uno de los temas que los planes de ordenación de recursos humanos deban regular.

Y la segunda cuestión, quizás la más delicada. Cuando un médico solicita la permanencia en el servicio activo, hay un elemento clave diferencial para decidir si puede seguir o no: su capacidad funcional. ¿Qué criterios son los que marcan que un profesional tiene esa capacidad? ¿Cuando un profesional es "productivo" como comentan en el debate de Diario Médico y cuando no lo es? Además, dichos criterios deben ser objetivos y medibles para conseguir que toda decisión sea motivada y no arbitraria.

Un terreno muy pantanoso, pero una situación que necesita más consenso, más claridad legal y, por supuesto, menos judicialización. Os dejamos con el vídeo que resume el debate de Diario Médico:

6 comentarios:

  1. Interesante artículo, gracias por su publicación.

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  2. ¿Quién puede valorar capacidad, entusiasmo o entrega en un sistema que desprecia la capacidad humana, o sea, que está totalmente deshumanizado en su organización, que cuando jubila da una patada en el trasero al protagonista? ¿Quién puede esperar algo bueno de una estructura amañada, no participativa, donde el ninguneo es la norma? ¿No somos en esto, como en todo lo demás, un país diferente, verdaderamente sui generis? Y sincerémonos: por mucha vocación que se tenga, ¿alguien desea prorrogar su vida laboral en un medio poco acogedor por amor al arte?

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  3. Creo que cada caso se tendría que valorar por separado. El poder pasar de médico a consultor me parece una buena idea. La destrucción de empleo en materia de sanidad es inviable pero si es cierto que hay que adaptar las necesidades sociales. Si se jubila un médico con especialidad A y lo que se demanda es uno con especialidad B hay que contratar al B.

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  4. Muy interesante y complicado encontrar una buena solución, y ya si entra la política en juego...imposible.

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  5. no te lies porque en España el problema está perfectamente resuelto : basta con que, al jubilarse, el médico siga pasando su consulta privada sin cotizar al RETA , toda vez que la percepción de pensión de jubilación es compatible con la percepción de honorarios profesionales en profesiones colegiadas (médicos, abogados, arquitectos...) , dado que dicha modalidad de actividad privada no da lugar a la inclusión en ningún régimen de SS

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